La diputada Paulina Rubio Fernández (PAN) presentó una iniciativa que reforma los artículos 41 y 116 de la Constitución Política, para que las candidatas y los candidatos a un cargo de elección popular tengan la obligación de registrar sus compromisos electorales, que se darán a conocer en un padrón público nacional.
El documento que reforma los artículos 41 y 116, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, detalla que el registro será operado por el Instituto Nacional Electoral (INE) y deberá publicar los compromisos de las personas candidatas a cargos de elección popular.
Asimismo, las y los candidatos que resulten electos tendrán que rendir informes anuales al INE, con relación al cumplimiento de sus compromisos de campaña, acompañarán los documentos y medios idóneos para demostrar el grado de cumplimiento de estos y, en su caso, las causales por las que alguno de los compromisos no haya podido concretarse.
Agrega que las personas postulantes tendrán que presentar ante la autoridad electoral un registro de los compromisos que asuman, en los términos de la fracción IV del artículo 41. Deberá dar seguimiento a los compromisos adquiridos por las y los candidatos electos, y dará cuenta a la ciudadanía, a la autoridad de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas competentes y a la potestad correspondiente del Congreso local, del informe final de compromiso de campaña de las y los servidores públicos.
En la exposición de motivos, la diputada Paulina Rubio apunta que actualmente en la legislación no existe un seguimiento a las propuestas, promesas o compromisos que las personas candidatas hacen durante su campaña.
Menciona que los compromisos de campaña son una carta de presentación de las y los candidatos con el electorado, y una de las razones por las que la ciudadanía debería definir sus preferencias electorales.
Añade que, de contar con información sobre las propuestas de las personas candidatas y un seguimiento a su cumplimiento, también se fortalece la educación cívica, rendición de cuentas, transparencia y el acceso a la información.
Señala que establecer desde la Constitución la creación de un registro público nacional de compromisos electorales, es para que posteriormente exista un mecanismo mediante el cual se les pueda dar seguimiento por parte de la ciudadanía.