La diputada María Fabiola Karina Pérez Popoca, de Morena, propuso una iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de brindar atención psicológica y de contención emocional para las personas integrantes de instituciones policiales federales, estatales y municipales.
La propuesta, turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana, modifica los artículos 8, 61, y adiciona un artículo 61 Bis de dicha Ley para establecer que se debe garantizar en todo momento el acceso oportuno, gratuito y confidencial a servicios de atención psicológica y de contención emocional, en reconocimiento a los riesgos psicosociales inherentes al ejercicio de la función policial.
Plantea que los sistemas de seguridad social del personal de seguridad pública deberán contemplar el servicio permanente, gratuito y confidencial de atención psicológica y de contención emocional, en virtud de la naturaleza de alto riesgo, estrés crónico y exposición a acontecimientos traumáticos.
Precisa que dicha atención se proporcionará sin costo alguno, deberá programarse y prestarse dentro de la jornada laboral, y los resultados y el contenido de las sesiones de atención psicológica tendrán carácter confidencial.
Agrega que los resultados y el contenido no podrán utilizarse en perjuicio de la persona integrante en procedimientos de separación o remoción, salvo cuando exista riesgo inminente para su vida o la de terceros, o se detecte la comisión de un delito, en cuyo caso se estará a la normatividad aplicable.
La atención será preventiva y periódica, con una frecuencia mínima semestral, así como de manera inmediata cuando la persona integrante haya estado involucrada en un acontecimiento traumático severo, en términos de la normatividad aplicable.
Subraya que la atención deberá incorporar un enfoque diferenciado que reconozca los factores de riesgo psicosocial específicos y brindarse preferentemente en las instalaciones de la corporación o mediante convenios con instituciones públicas de salud.
En la exposición de motivos se indica que la iniciativa pretende visibilizar y atender la salud mental de los integrantes de las corporaciones policiales en los diversos niveles de gobierno, la cual no debe entenderse como una prestación laboral optativa o secundaria, sino como una condición inherente e irrenunciable al ejercicio de una función pública de alto riesgo.
Considera que de esa prestación laboral depende no solo el bienestar individual de la persona policía, sino también la calidad, legalidad y proporcionalidad con que se ejerce la fuerza pública frente a la ciudadanía.
Menciona que diversas fuentes periodísticas y organizaciones especializadas en el seguimiento de la problemática han documentado incrementos en los casos de intentos de suicidio entre mujeres policías durante horas de servicio en distintas entidades federativas, lo que evidencia la necesidad de un enfoque diferenciado y de perspectiva de género, tal como se prevé expresamente en la propuesta.
Dichos casos no constituyen hechos aislados, sino la expresión más grave y visible de una problemática estructural que atraviesan las corporaciones policiales del país, con independencia del orden de gobierno al que pertenezcan, advierte el documento.
Por ello, afirma que esta situación exige una respuesta homogénea desde la legislación general aplicable a los tres órdenes de gobierno, y no únicamente respuestas dispersas y desiguales en el ámbito local.