La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) planteó reformar el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para que sea un derecho de las personas privadas de su libertad que viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), que las autoridades del Centro Penitenciario les garanticen el acceso efectivo y continuo al tratamiento antirretroviral.
Asimismo, a los estudios, medicamentos, consultas y demás servicios médicos necesarios para su seguimiento y atención integral, sin que la privación de la libertad pueda constituir motivo para suspender, retrasar o interrumpir injustificadamente el tratamiento.
El documento refiere que en México las infecciones de transmisión sexual (ITS) muestran un incremento sostenido en los últimos años, particularmente tras la pandemia, con aumentos relevantes en sífilis, gonorrea y una prevalencia persistente de VIH, la cual registró más de 10 mil 700 nuevos casos en 2025, manteniéndose como un problema estructural de salud pública.
Esta tendencia, agrega, se concentra principalmente en jóvenes de 15 a 29 años y en poblaciones clave, como hombres que tienen sexo con hombres, además de verse agravada por un alto subdiagnóstico, ya que muchas ITS son asintomáticas, lo que implica que la carga real es mayor a la reportada.
Las personas privadas de la libertad, resalta, enfrentan riesgos significativamente mayores de padecer enfermedades transmisibles en comparación con la población general. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, estas personas tienen aproximadamente 7.2 veces más probabilidades de vivir con VIH; a nivel mundial, alrededor de 4.6 por ciento de la población penitenciaria vive con este virus.
Esta situación, añade, puede agravarse en aquellos países con altas tasas de encarcelamiento de personas que se inyectan drogas, donde la prevalencia del VIH dentro de los centros penitenciarios puede llegar a ser entre 15 y 20 veces superior a la observada entre la población general.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, sostiene que las personas recluidas que viven con VIH enfrentan dificultades para acceder de manera oportuna y continua a sus tratamientos, así como situaciones de estigmas y discriminación.
Señala que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que el VIH y el Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) son un problema de salud pública que se ve agravado por el estigma y la discriminación asociados a esta condición de salud. El hecho de vivir con VIH o SIDA no debe ser motivo para que se limiten los derechos de las personas.
Por ello, es necesario reformar la Ley Nacional de Ejecución Penal, a fin de fortalecer el derecho de las personas privadas de la libertad a recibir asistencia médica, garantizar la continuidad de los tratamientos prescritos y el suministro oportuno de los medicamentos necesarios para el cuidado de su salud, para que ninguna persona vea interrumpido su tratamiento.