La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) impulsa una iniciativa a fin de que los tres ámbitos de gobierno estén obligados a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por la delincuencia organizada.
La reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes incluye los casos de reclutamiento, captación, utilización o instrumentalización para participar en la comisión de delitos, incorporarse a asociaciones delictuosas o grupos de delincuencia organizada, realizar actividades en beneficio de éstos o facilitar su operación, cualquiera que sea el medio empleado para su vinculación, incluidos los entornos digitales.
Señala el derecho de las y los menores a recibir atención en entornos libres de violencia, sin que en modo alguno se autorice cualquier forma de reclutamiento, captación, utilización o instrumentalización para la comisión de delitos, o en beneficio de asociaciones delictuosas o de crimen organizado.
Añade que cuando sean víctimas de estas acciones, las autoridades deberán garantizar su protección, recuperación, desvinculación segura, restitución integral de derechos, prevenir su revictimización o nueva vinculación y favorecer su reintegración familiar y comunitaria, atendiendo en todo momento al interés superior de la niñez.
También, que se adopten medidas de recuperación y restitución de derechos que cuiden las afectaciones derivadas de esa vinculación y favorecer su reintegración familiar, educativa y comunitaria, así como la reconstrucción de su proyecto de vida.
Dichas acciones podrán comprender atención médica y psicológica especializada, continuidad, reincorporación o traslado educativo; fortalecimiento de redes familiares y comunitarias seguras, actividades culturales, deportivas y recreativas, capacitación y orientación vocacional y las necesarias para prevenir su revictimización o nueva vinculación.
Plantea que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno deberán conformar una instancia multidisciplinaria que establezca mecanismos para la prevención, detección, atención y canalización de estos casos.
Además, que las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, federal y locales, deberán contar con estrategias de protección o reubicación temporal, dar seguimiento a las acciones del plan de restitución,cerciorarse de que los derechos de la niña, niño o adolescente estén garantizados y hayan cesado las condiciones que puedan propiciar su revictimización o nueva vinculación.
La diputada Ballesteros Mancilla expresa que el reclutamiento es una forma de violencia, y la respuesta del Estado no puede centrarse solo en endurecer sancionespenales, sino atender las causas que favorecen su captación y garantizar su salida segura de esas estructuras.
Se pronuncia por fortalecer acciones de prevención, protección y atención de niñas, niños y adolescentes frente a contextos que favorecen su incorporación a dinámicas de violencia y evitar su utilización por organizaciones criminales.
La modificación a los artículos 47, 48, 57 y 123 fueturnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.