La senadora Laura Esquivel Torres, del PAN, presentó una iniciativa para incorporar en la Constitución la cadena perpetua irreductible para las personas adultas responsables de delitos sexuales de máxima gravedad cometidos contra niñas, niños y adolescentes.
El proyecto, que reforma diversas disposiciones de la Constitución, también plantea facultar al Congreso de la Unión para emitir las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en materia de delitos sexuales cometidos en agravio de la infancia y adolescencia mexicana.
Desde la tribuna del Senado, Laura Esquivel advirtió que “hay delitos que no admiten segundas oportunidades y el abuso sexual infantil es uno de ellos, porque cuando una niña o un niño es abusado, no sólo le arrebatan su inocencia, le roban la tranquilidad, la confianza y su seguridad”.
En el documento, refirió que los registros de lesiones de la Secretaría de Salud, sistematizados por la Red por los Derechos de la Infancia en México, muestran una tendencia alarmante, pues durante 2025 fueron atendidas en hospitales del país 11 mil 122 personas de entre uno y 17 años por violencia sexual.
Acotó que estos datos no equivalen al universo total de víctimas, porque únicamente contabilizan a quienes llegaron a una unidad de salud, por lo que “deben interpretarse como una señal mínima de la dimensión del fenómeno”.
En la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, agregó la legisladora, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que 12.6 por ciento de las mujeres, de 15 años y más, manifestó haber experimentado violencia sexual durante la infancia.
“Detrás de ese porcentaje existen millones de historias de tocamientos, intentos de violación, obligación de mostrar partes íntimas, exposición a actos sexuales o pornográficos, coerción y otras conductas ocurridas antes de la mayoría de edad”.
La encuesta, señaló Esquivel Torres, confirma que el problema no es excepcional ni se limita a un determinado entorno social.
La Senadora destacó que la agresión sexual también produce efectos colectivos, pues las familias pueden enfrentar ruptura, desplazamiento, pérdida de ingresos, gastos médicos, abandono escolar, conflicto comunitario y procesos judiciales prolongados. Además, los sistemas públicos asumen costos en salud, procuración de justicia, educación, asistencia social y seguridad.
Por ello, la violencia sexual infantil, afirmó, no es únicamente una tragedia privada, sino un problema de salud pública, seguridad y desarrollo humano que compromete recursos y capacidades del Estado durante largos periodos.
Pero un elemento particularmente grave es la proximidad del agresor, ya que en muchos casos no se trata de una persona desconocida, sino de un familiar, padrastro, pareja, vecino, docente, entrenador, ministro de culto, cuidador o persona con acceso cotidiano a la víctima; y esa cercanía facilita la repetición, dificulta la denuncia y permite que el agresor controle el relato.
En este contexto, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, propuso reformar los artículos 18, 22 y 73 de la Constitución, iniciativa que fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda.
La Senadora explicó que se propone establecer, entre otros puntos, que excepcionalmente la ley pueda imponer cadena perpetua irreductible a las personas que hayan cumplido 18 años al momento de cometer el hecho y sean declaradas penalmente responsables, mediante sentencia firme, de delitos sexuales de máxima gravedad en agravio de niñas, niños o adolescentes.