Los ministros de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proponen reducir su sueldo por un monto de 3 mil pesos el próximo año, cuando pasarían de recibir un salario mensual neto de 137 mil a 134 mil pesos, una reducción de apenas el 2 por ciento.
Así lo plantea el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2027, presentado por el gobierno de Claudia Sheinbaum ante la Cámara de Diputados, en donde se proponen reducciones a los sueldos de altos cargos dentro del Poder Judicial Federal.
Ministros de la Suprema Corte, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como los integrantes del Tribunal de Disciplina y del Órgano de Administración Judicial tendrán reducción de salarios mensuales para estar por debajo del ingreso de la presidenta.
Quienes tendrán reducciones proporcionales mayores serán los jueces de Distrito y magistrados de Circuito.
En 2026, los magistrados tienen un sueldo mensual neto de 152 mil pesos, pero el proyecto de 2027 propone que sea de 129 mil pesos, una reducción de unos 20 mil pesos, lo que representan un recorte del 17 por ciento.
En el caso de los jueces verán una disminución del 10%, ya que en 2026 su sueldo mensual neto es de 139 mil pesos, mientras que para el próximo año se plantea que sea de 126 mil pesos.
A pesar de los ahorros, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año plantea asignarle al Poder Judicial un presupuesto de 72 mil 264 millones de pesos.
Esto representa un aumento de más de 2 mil millones de pesos respecto al presupuesto aprobado para 2026, ejercicio en el que se les aprobó un total de 70 mil millones de pesos.
El documento presentado ante la cámara baja no desglosa cuánto serán los montos asignados a cada uno de los órganos que componen el poder judicial federal, como la Suprema Corte, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal Electoral.
En 2026, 59 mil de los 70 mil millones de pesos fueron asignados al Órgano de Administración Judicial, ente que está a cargo de mantener la operatividad de los juzgados y tribunales federales.