La Barra Mexicana de Abogados (BMA) pidió a las autoridades acelerar la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), luego de que la Cámara de Diputados aprobara una prórroga de tres años que extiende su implementación hasta 2031.
En un comunicado, la organización cuestionó que el aplazamiento sea una solución a los problemas que han frenado la aplicación del nuevo ordenamiento y advirtió que ampliar el plazo, sin medidas concretas, podría profundizar las diferencias entre los objetivos de la reforma y la capacidad de las instituciones judiciales para ponerla en práctica.
La Barra sostuvo que una nueva prórroga solo estaría justificada si va acompañada de una estrategia que permita resolver, en el menor tiempo posible, los obstáculos que enfrenta la implementación del código.
Entre los principales retos identificó la insuficiencia presupuestaria, la falta de capacitación de juzgadores estatales, la necesidad de modernizar la infraestructura judicial y tecnológica, así como la reorganización administrativa y la creación de mecanismos eficaces para aplicar los nuevos procedimientos.
La organización también advirtió que los poderes judiciales locales tendrán que atender simultáneamente los asuntos iniciados bajo la legislación anterior y los nuevos procedimientos. Esta transición requerirá personal capacitado, recursos adicionales e infraestructura suficiente para evitar afectaciones en la impartición de justicia.
A estos desafíos se suman los cambios en los poderes judiciales y la pérdida de experiencia que, de acuerdo con la agrupación, podrían complicar la puesta en marcha del nuevo sistema.
Advierten riesgos para el acceso a la justicia
La Barra Mexicana de Abogados consideró que la implementación del CNPCyF es indispensable para garantizar el acceso efectivo a la justicia y la protección de los derechos humanos.
Por ello, exhortó a las autoridades a respetar los plazos originalmente previstos y señaló que cualquier aplazamiento, si se demuestra necesario, debería limitarse al tiempo estrictamente requerido para resolver los problemas que impiden su aplicación.
El pasado 20 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó extender tres años el plazo para la entrada en vigor del código, cuyo proceso de implementación comenzó en 2023. El objetivo era que en 2027 sus disposiciones se aplicaran de manera homogénea en las 32 entidades del país.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares busca unificar las reglas procesales en todo México para facilitar el acceso a la justicia en asuntos como divorcios, guarda y custodia, pensiones alimenticias y violencia familiar, entre otros.
El ordenamiento está integrado por mil 191 artículos distribuidos en 10 libros, además de un régimen transitorio compuesto por 20 artículos.