La presidenta Claudia Sheinbaum expresó una vez más su rechazo al impuesto que pretende aplicar a remesas, avalado por el Congreso de Estados Unidos.
En un acto durante su gira de trabajo por San Luis Potosí, la mandataria amagó con movilizaciones, en caso de que el Gobierno de EU no desista de aplicar este tipo de impuestos.
Asimismo, hizo un llamado a los connacionales residentes en EU a enviar cartas y correos a los senadores estadounidenses para expresar su desacuerdo con la iniciativa.
“Hicimos un llamado para que nuestros paisanos que están allá, muchos de ellos incluso ya tienen la doble nacionalidad, y siguen ayudando a sus familias, porque las mexicanas y los mexicanos somos solidarios, le enviaran cartas, correos electrónicos, en sus redes sociales a los senadores para que les digan que no estamos de acuerdo con eso”, expresó.
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“De ser necesario nos vamos a movilizar porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos de Estados Unidos a México, que atienden a los más necesitados”.
La jefa del Ejecutivo habría celebrado que el impuesto fue reducido del 5 al 3.5 por ciento. Sin embargo, insistió en que seguiría trabajando para evitar el gravamen.
En su conferencia mañanera del este vienes, enfatizó que México enviará a otro equipo a Estados Unidos la próxima semana para negociar la propuesta.
¿Qué dice el plan fiscal de Trump?
Después de una larga sesión de 24 horas, la Cámara de Representantes del Congreso de EU aprobó el jueves pasado “el gran y hermoso proyecto de ley” -bautizado así por Trump- con 215 votos a favor y 214 en contra, el cual contempla cero impuestos sobre las propinas y horas extras, deducciones fiscales al comprar un vehículo fabricado en Estados Unidos, el reforzamiento de la seguridad fronteriza, aumentos salariales para nuestros agentes de ICE y la Patrulla Fronteriza, entre otros beneficios para la comunidad estadounidense.
Además, un impuesto a las remesas del 3.5 por ciento, pese a que la propuesta inicial establecía un impuesto del 5 por ciento. No obstante, la redujeron ante críticas de servicios financieros y gobiernos extranjeros, entre ellos México.
El proyecto también incluye restricciones al Medicaid, que dejará sin cobertura médica a unos 8.7 millones de personas en el país, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO en inglés).
