Los programas prioritarios recibirán un billón 25.4 mil millones de pesos, equivalentes al 2.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En materia de justicia y seguridad se busca fortalecer la transparencia procesal, el acceso equitativo a la justicia y cierre de brechas territoriales en su impartición, con una asignación de 129 mil 602.8 millones de pesos a la Función de Justicia, lo que se traduce en un incremento de 4 mil 209.2 millones de pesos, con lo cual se garantizan la impartición y procuración de justicia, y los derechos fundamentales.
Para seguridad interior o seguridad pública, el Estado mexicano tiene como prioridad para 2027 fortalecer al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), mejorando la respuesta a conductas delictivas, reduciendo la impunidad y protegiendo derechos, priorizando la protección de la población. Para esto se observa una asignación presupuestaria a la Función de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior por 75 mil 671.1 millones de pesos, lo que representa un incremento del 17.7 por ciento real.
Destaca la propuesta de asignación de un billón 256 mil 948.4 millones de pesos para el sector educativo, lo que se traduce en un incremento del 8 por ciento en términos reales, con lo cual se garantiza el derecho a la educación para todas las edades.
Precisa además que las dependencias y entidades se sujetarán a las disposiciones de austeridad y disciplina presupuestaria, por lo que no se crearán plazas, se abstendrán de solicitar movimientos respecto de las plazas que se encuentran en proceso de conciliación; realizarán las adecuaciones presupuestarias compensadas, con cargo a su presupuesto autorizado, para cubrir las obligaciones derivadas de contratos de arrendamiento financiero vigentes, y sus contrataciones públicas se llevarán a cabo preferentemente de manera consolidada, entre otras.
Hace mención que la política de gasto público para 2027 mantendrá como principal objetivo alcanzar la prosperidad compartida y continuará priorizando el bienestar de la población mediante una mayor cobertura en los ramos de educación, salud y vivienda, con énfasis en las personas, comunidades y regiones históricamente excluidas.