La diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) plantea que las mujeres privadas de la libertad, desde su ingreso en el centro penitenciario y durante el tiempo que permanezcan en él, cuenten con valoración periódica de su salud mental, así como con acceso oportuno a atención psicológica y psiquiátrica, de conformidad con las necesidades identificadas por el personal profesional de la salud.
Asimismo, que la autoridad penitenciaria implemente protocolos permanentes de prevención, detección y atención del riesgo suicida y de las autolesiones, que contemplen la identificación de factores de riesgo, intervención inmediata, seguimiento y, en su caso, referencia a instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.
La iniciativa, que adiciona un segundo párrafo al artículo 36 y un tercer párrafo al artículo 43 y reforma la fracción I del artículo 76 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la atención se proporcionará con perspectiva de género, respeto a la dignidad humana, confidencialidad, consentimiento informado y demás derechos establecidos en la legislación aplicable.
Subraya que en el caso de personas con una enfermedad mental grave no procederá el aislamiento.
Los servicios médicos deberán realizar campañas permanentes de prevención del suicidio.
La exposición de motivos señala que la permanencia en un centro penitenciario puede encontrarse acompañada de factores que afectan la estabilidad emocional y psicológica de las mujeres, entre ellos el aislamiento, la separación de hijas e hijos, pérdida de redes de apoyo, antecedentes de violencia, abandono familiar, condiciones de vulnerabilidad y las propias circunstancias derivadas de la privación de la libertad.
Refiere que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sostenido que las mujeres privadas de la libertad requieren acciones diferenciadas, especializadas, interdisciplinarias y con perspectiva de género para garantizar condiciones dignas de reclusión y una efectiva reinserción social.
Además, ha identificado la falta de recursos, instalaciones, especialistas y espacios suficientes para la atención de la salud mental de las mujeres privadas de la libertad, y que los centros femeniles presentan registros relevantes de autoagresiones e identificación de pensamientos suicidas, relacionados, entre otros factores, con el abandono familiar, el distanciamiento de la pareja y el rechazo social.
La propuesta, enviada a la Comisión de Justicia, indica que se debe garantizar que las mujeres privadas de la libertad tengan acceso efectivo, oportuno, integral y especializado a servicios de salud mental, así como establecer mecanismos permanentes para la prevención, detección y atención del riesgo suicida dentro de los centros penitenciarios.
Además, preservar la vida y la integridad de las mujeres bajo custodia del Estado, fortalecer el derecho a la protección de la salud y contribuir a los objetivos de reinserción social establecidos en la Constitución Política.
La diputada Ballesteros Mancilla expone que la salud mental debe considerar factores relacionados con violencias de género, sexual, maternidad, separación de hijas e hijos, redes de apoyo y antecedentes de violencia.