La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que su Gobierno aportará recursos para mejorar el suministro de agua a unos dos millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, donde una crisis por la calidad del servicio ha provocado protestas ciudadanas y denuncias de abusos policiales.
“Es una buena noticia para los habitantes de Jalisco, de la Zona Metropolitana de Guadalajara (…). El Gobierno Federal va a aportar los recursos, todo”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina de Palacio Nacional.
Sheinbaum Pardo explicó que las obras requerirían una inversión estimada de entre 12.000 y 13.000 millones de pesos (642 y 696 millones de dólares), aunque precisó que todavía se revisará el financiamiento con las autoridades estatales.
La gobernante señaló que este jueves se celebrará una reunión con el Gobierno de Jalisco para definir cómo obtener los recursos y evitar que las obras impliquen un mayor endeudamiento.
“Vamos a buscar cómo sacamos esos recursos para que no tenga que haber endeudamiento, que no tenga que haber ningún problema y que el Gobierno Federal pueda ayudarle a dos millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara”, expresó.
Según Sheinbaum Pardo, el Gobierno estatal, encabezado por Pablo Lemus, ya invierte alrededor de 7.500 millones de pesos (unos 401 millones de dólares) en una planta potabilizadora.
El anuncio ocurre en medio de una crisis por la calidad y el suministro de agua en Guadalajara, la segunda mayor ciudad de México, donde vecinos han denunciado la llegada de líquido turbio y con malos olores a sus viviendas, además de cortes y racionamientos del servicio.
La situación provocó dos movilizaciones ciudadanas, los pasados 11 y 18 de octubre, durante las cuales se registraron enfrentamientos, daños a edificios públicos y detenciones.
En la primera protesta fueron detenidas 39 personas, posteriormente liberadas, mientras que en la segunda las autoridades reportaron otras diez detenciones por presuntos actos vandálicos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga posibles abusos policiales y detenciones arbitrarias durante la primera manifestación, mientras que organizaciones ciudadanas han denunciado la presencia de personas infiltradas en las movilizaciones.
La crisis ha llevado a vecinos y colectivos a exigir agua potable de calidad, soluciones a los problemas de abastecimiento y garantías para ejercer su derecho a la protesta.