- * La Cámara de Diputados analiza ahora los cambios a la Ley de Inversión Extranjera para revisar operaciones relacionadas con sectores estratégicos y seguridad nacional; reglas claras, procesos ágiles y autoridades con capacidad técnica son fundamentales para mantener la confianza de los inversionistas
México puede reforzar la protección de sectores estratégicos por razones de seguridad nacional sin generar incertidumbre para la inversión extranjera, siempre que las nuevas reglas sean claras, transparentes y permitan a las empresas saber con anticipación bajo qué criterios serán evaluadas sus operaciones, señala la International Chamber of Commerce México (ICC México).
La reforma a la Ley de Inversión Extranjera (LIE), aprobada por el Senado de la República el pasado 30 de septiembre, se encuentra ahora en la Cámara de Diputados y la ICC México considera que esta etapa representa una oportunidad para dar mayor certeza al nuevo mecanismo de revisión y evitar procedimientos innecesariamente complejos que puedan afectar decisiones de inversión.
El texto aprobado por el Senado incorpora un procedimiento a cargo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) para revisar determinadas operaciones por razones de seguridad nacional.
Entre otros supuestos, deberán someterse a autorización aquellas operaciones en las que un inversionista extranjero pretenda adquirir, directa o indirectamente, más del 49% del capital de una empresa mexicana; ésta participe en sectores considerados sensibles, como infraestructura estratégica, tecnologías críticas y de doble uso, insumos fundamentales o manejo de información sensible; y sus activos superen el monto que determine la propia Comisión.
Para ICC México, la protección de la seguridad nacional es un objetivo legítimo, pero el reto está en que las nuevas disposiciones funcionen con criterios objetivos y transparentes, sin convertirse en una fuente de incertidumbre para quienes evalúan invertir en México.
La organización señala que mecanismos de revisión de este tipo ya existen en Estados Unidos y Canadá y, para contar con reglas claras, México puede contribuir a una mayor coordinación en América del Norte, particularmente ante la relocalización de cadenas de suministro y las oportunidades que este proceso representa para el país.
Pero las reglas, por sí solas, no son suficientes, razón por la que ICC México considera indispensable que la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía, que participa como Secretaría Técnica de la CNIE, cuente con presupuesto, herramientas tecnológicas y personal especializado para analizar operaciones que pueden involucrar aspectos jurídicos, económicos, tecnológicos y de seguridad nacional.
En sus observaciones a la reforma, ICC México plantea cuatro aspectos centrales: definir con precisión qué operaciones deberán ser revisadas y facilitar el trámite de aquellas que representen un riesgo menor; permitir consultas confidenciales antes de iniciar formalmente un procedimiento; garantizar que las empresas puedan conocer las preocupaciones de la autoridad y presentar alternativas para atenderlas; y ofrecer información pública que permita conocer cómo está funcionando el mecanismo, sin comprometer datos confidenciales o de seguridad nacional.
También considera necesario que la aplicación de estas disposiciones sea congruente con los compromisos internacionales asumidos por México en el T-MEC, el CPTPP, el Acuerdo Global con la Unión Europea y otros instrumentos de protección a las inversiones.
Para ICC México, seguridad nacional y atracción de inversión no son objetivos contrapuestos, sino que, por el contrario, un sistema con reglas previsibles, autoridades técnicamente preparadas y procedimientos ágiles puede proteger los intereses estratégicos del país y, al mismo tiempo, mantener la confianza de quienes buscan invertir en México.
ICC México reitera su disposición a aportar su experiencia al análisis que realiza la Cámara de Diputados y a colaborar posteriormente en la elaboración de las reglas y criterios necesarios para la aplicación de las nuevas disposiciones.