El juez Juan Carlos Peinado ha determinado enviar a juicio con un jurado popular a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por los delitos de tráfico de influencias y malversación.
El magistrado, que ha investigado el caso, ha enviado a juicio a Gómez antes de jubilarse esta semana en un auto en el que rechaza adoptar ninguna medida cautelar contra ella.
El juez, no obstante, ha ordenado investigar “la capacidad económica” de Begoña Gómez y que remita las cinco últimas declaraciones fiscales ante eventuales responsabilidades económicas que se le pudieran imponer.
También acuerda “la obligación” de permanecer “en todo momento” a disposición del juzgado y de la Audiencia Provincial de Madrid, órgano al que ahora se remitirá la causa para que señale fecha de juicio, y al que deberán comunicar cualquier cambio de “domicilio o paradero”.
Con el auto de hoy, el juez pone fin a una investigación que arrancó hace casi dos años y medio a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias, basada en los reportes de la prensa.
El juez Peinado había decidido que Gómez fuera juzgada con jurado por cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida y corrupción en los negocios, cometidos presuntamente en relación con su actividad profesional cuando codirigía una cátedra pública de la Universidad Complutense de Madrid.
Pero finalmente, tras un recurso de la defensa, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó que continuara el procedimiento de juicio con jurado por los dos primeros y sobreseyó a los otros dos.
En su resolución de este lunes, el juez alude al “cambio radical” que, según dice, se produjo en la trayectoria profesional de Begoña Gómez cuando Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno, en junio de 2018, con “decisiones públicas favorables” a la cátedra que codirigió su esposa, que “pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional”.
Relata que Gómez “proyectaba simultáneamente su posición institucional, su actividad académica y sus relaciones con directivos y empresas con intereses o vínculos con el sector público” en el marco de la financiación de la cátedra.
Al proceso se sumaron distintas acusaciones populares, coordinadas por la organización ultraderechista Hazte Oír, que piden 13 años de cárcel para Begoña Gómez, en un sumario en el que también está acusada su asesora, Cristina Álvarez, por un delito de malversación.
Por su parte, fuentes del gobierno expresaron su condena a la decisión del juez de abrir un juicio oral contra Begoña Gómez, ya que creen que es una instrucción “arbitraria e injusta” que sólo responde a una persecución judicial por ser la esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Insisten en la inocencia de la primera dama española y aseguran que mantienen plena confianza en que el jurado impartirá justicia.