Los delincuentes han aprovechado el sistema keyless, una tecnología que permite abrir, cerrar y encender un vehículo de manera electrónica, para diseñar una nueva forma de robar automóviles, sin ruido, sin daño visible y, en muchas ocasiones, sin dejar rastro o utilizar violencia, advirtió la senadora Gina Campuzano González.
Se trata, explicó la legisladora del PAN, de dispositivos que interceptan la señal inalámbrica entre la llave electrónica y el automóvil, lo que provoca que el sistema interprete que esa llave está presente y permite abrir el coche e, incluso, encenderlo, un fenómeno conocido como “robo tecnológico” o “robo silencioso”, que puede ocurrir en cuestión de segundos.
“Estos dispositivos no son exclusivos del crimen organizado: en la actualidad pueden ofertarse con facilidad en mercados digitales, plataformas de compraventa y mediante entregas personales. Es decir, existe un mercado abierto, creciente y prácticamente sin control de herramientas aptas para vulnerar sistemas de seguridad vehicular”, señaló.
Ante ello, Campuzano González presentó una iniciativa que reforma el Código Penal Federal para tipificar la fabricación, modificación, comercialización, distribución, importación y posesión de dispositivos electrónicos destinados a vulnerar sistemas de seguridad vehicular, así como para establecer, como agravante, el uso de esos aparatos para robar automóviles.
Planteó imponer “de tres a ocho años de prisión, y de 500 a mil 500 días multa”, a quien incurra en las mencionadas conductas. También propuso aumentar las penas cuando estos delitos se presenten de manera reiterada.
La senadora por Acción Nacional subrayó que en México se registran más de cien mil casos anuales de robo de vehículos a nivel nacional, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, y la mayoría de ellos ocurre sin violencia, lo que significa que ese delito ha evolucionado hacia formas más sofisticadas, difíciles de detectar y de combatir.
Consideró que, frente a esta realidad, el marco jurídico mexicano resulta claramente insuficiente. Esta nueva modalidad delictiva, apuntó, no es un asunto menor, ya que cada día que transcurre sin una respuesta legislativa adecuada implica la expansión de un mercado ilegal y el perfeccionamiento de las técnicas delictivas.
“La inacción normativa, en este contexto, se traduce en una forma de permisividad frente a una conducta que ya ha rebasado los mecanismos tradicionales de control”, consideró.
En la iniciativa, turnada para análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, la Senadora también propuso modificar la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a fin de que las autoridades retiren del mercado y cesen la comercialización de dispositivos que generen interferencias perjudiciales, así como para impedir su fabricación e importación.
Además, planteó reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor para prohibir la comercialización, publicidad o intermediación de dispositivos, cuya finalidad sea facilitar la comisión de delitos o vulnerar sistemas de seguridad.