Integrantes de la Unión Nacional de Maquineros A.C. (UNAMA) se manifestaron frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en Toluca, para exigir la devolución de las máquinas tragamonedas aseguradas durante la Operación “Dos de Bastos” y denunciar lo que consideran un abuso de autoridad. Encabezados por su presidenta, Araceli Gutiérrez Caballero, los operadores reclamaron que se les haya presentado públicamente como parte de estructuras criminales sin que, hasta el momento, se les hayan mostrado investigaciones individualizadas, testimonios o pruebas que acrediten su participación en algún delito. “Nos han señalado y criminalizado sin permitirnos conocer siquiera qué Ministerio Público tiene nuestras carpetas”, afirmó la dirigente.
La movilización se produjo después del operativo efectuado por la Fiscalía mexiquense con apoyo de fuerzas federales, mediante el cual fueron aseguradas más de tres mil máquinas en distintos municipios. UNAMA cuestionó que la autoridad pretenda atribuir a toda una actividad económica las conductas presuntamente cometidas por grupos delictivos, sin distinguir entre los responsables de algún ilícito y quienes adquirieron legalmente sus equipos. “Si existe una persona vinculada con un delito, que se le investigue y se proceda conforme a derecho, pero no pueden acusarnos a todos ni convertirnos en delincuentes por decreto”, sostuvo Gutiérrez Caballero.
La presidenta de UNAMA explicó que detrás de cada máquina existe una cadena de trabajo integrada por distribuidores, operadores, propietarios de pequeños comercios y familias que dependen de los ingresos generados por esta actividad. De acuerdo con Gutiérrez, los equipos se colocan mediante contratos de comisión celebrados de común acuerdo con tiendas, papelerías y otros establecimientos, cuyos propietarios reciben un porcentaje de lo recaudado. “No llegamos a imponer una máquina ni a obligar a nadie. Existe un acuerdo comercial y una distribución de los ingresos; somos trabajadores, no integrantes de organizaciones criminales”, recalcó.
UNAMA también rechazó los señalamientos relacionados con el supuesto reclutamiento de menores y aseguró contar con normas internas para restringir su utilización a personas adultas y evitar su instalación cerca de escuelas. Para la organización, resulta especialmente grave que esas acusaciones hayan sido difundidas públicamente sin presentar testimonios, denuncias específicas o elementos probatorios contra los operadores afectados. “Nos han calumniado y han dañado nuestra imagen frente a la sociedad. No existe una sola declaración que demuestre que alguno de nuestros compañeros haya reclutado menores, extorsionado comerciantes o financiado actividades criminales”, declaró Araceli Gutiérrez.
Durante la protesta, los representantes de UNAMA solicitaron conocer los números de las carpetas de investigación, las órdenes que sustentaron los cateos y el destino jurídico de los bienes asegurados. La organización consiguió establecer una mesa de diálogo con la Fiscalía, ante la cual anunció que presentará facturas, contratos y documentos para acreditar la propiedad y procedencia de los equipos. “No estamos huyendo ni escondiéndonos; acudimos ante la autoridad porque queremos defendernos legalmente, pero para hacerlo necesitamos saber de qué se nos acusa y conocer las pruebas que supuestamente existen”, puntualizó Gutiérrez Caballero.
UNAMA exigió que las autoridades respeten la presunción de inocencia, revisen cada expediente por separado y devuelvan las máquinas pertenecientes a operadores contra quienes no exista una acusación sustentada. La asociación advirtió que el aseguramiento indiscriminado dejó sin ingresos a numerosas familias y afectó a pequeños establecimientos que dependían de esas comisiones. “No pedimos privilegios ni impunidad; exigimos legalidad, pruebas y trato digno. Si la Fiscalía no puede demostrar que nuestras máquinas están relacionadas con un delito, tiene la obligación de devolverlas y reparar el daño causado por esta criminalización”, concluyó Araceli Gutiérrez Caballero.