La diputada Petra Romero Gómez (Morena) subrayó la necesidad de promover en los Congresos de Latinoamérica y el Caribe leyes para prevenir el embarazo adolescente, así como garantizar justicia con perspectiva de género.
En el informe sobre su participación en la reunión de la Comisión de Igualdad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), celebrada el 9 y 10 de abril de 2026 en la Ciudad de Panamá, publicado en la Gaceta Parlamentaria, detalló que esta legislación es de vital importancia, así como “crear parlamentos juveniles o consultas para escuchar a las y los jóvenes”.
Explicó que como resultado del encuentro se propuso difundir el instrumento mediante redes sociales y asambleas informativas, dar a conocer casos de países o regiones que hayan reducido las cifras de embarazo adolescente, incluir testimonios que sensibilicen a tomadores de decisiones e involucrar a organismos autónomos y asociaciones civiles.
“La prevención del embarazo adolescente no es sólo un tema de salud, es un tema de derechos, justicia social y desarrollo. Difundir esta ley modelo en los parlamentos y a la ciudadanía es un paso clave para garantizar oportunidades reales para las juventudes”.
En materia de administración de justicia, Romero Gómez manifestó que “es fundamental fortalecer nuestros sistemas de justicia con un enfoque que reconozca las desigualdades y actúe para corregirlas”.
Consideró prioritario “impulsar la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todas las personas operadoras del sistema de justicia”, garantizar procesos accesibles, sensibles y libres de discriminación, incorporar protocolos especializados para mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia y fortalecer la recolección de datos con enfoque de género.
Asimismo, avanzar en ejes para una ley modelo que reconozca desigualdades de género, origen étnico, edad y territorio; que fortalezca el acceso a educación, salud y bienestar; que impulse la autonomía económica de las mujeres mediante créditos, financiamientos, capacitación y mercados; y generar políticas específicas para juventudes rurales e indígenas.
“Es fundamental que la ley modelo en la que trabajemos atienda estas realidades territoriales, garantizando derechos y promoviendo el desarrollo con justicia social”, expresó.