Organizaciones civiles alertaron sobre una crisis de desplazamiento forzado en la Sierra de Chihuahua, donde grupos delictivos buscan el control total del territorio para operar con impunidad, incluso en zonas que carecen de recursos naturales como madera o minerales.
Según un informe presentado en la Ciudad de México, los criminales consideran el dominio geográfico como una “nueva clase de riqueza” que les permite decidir sobre el tránsito, desapariciones y abastecimiento en dichas regiones.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan identificó un patrón de agresión que inicia con ataques dirigidos contra líderes comunitarios o figuras de resistencia.
Si estas acciones no logran expulsar a los habitantes, la violencia escala a ataques indiscriminados contra la población en general, utilizando armamento de alto calibre y drones cargados con explosivos.
Esta última técnica es calificada por especialistas como una “táctica de tierra quemada tecnológica”, comparando su letalidad y efectos devastadores con los observados en conflictos internacionales como el de Rusia y Ucrania.
CIFRAS CRÍTICAS Y EL IMPACTO EN LA INFANCIA
La magnitud del fenómeno se refleja en las estadísticas de 2025, año en el que se contabilizaron al menos 4 mil 492 personas desplazadas en Chihuahua, de las que mil 335 pertenecen únicamente a la comunidad de Guadalupe y Calvo.
A nivel nacional, el desplazamiento por violencia registró un incremento de 129% en 2024, alcanzando a cerca de 28 mil 900 personas.
El costo social también afecta gravemente a menores y adolescentes. Integrantes de la Red TDT señalaron que los niños desplazados han perdido su entorno, escuelas y amistades, enfrentándose a realidades de guerra a edades tempranas, como el caso de una niña de 12 años que reconoció sentirse envuelta en un conflicto armado.
EXIGEN RUTAS DE PROTECCIÓN
El informe recomienda que las autoridades federales, estatales y locales reconozcan formalmente este fenómeno y establezcan rutas de protección efectivas para las víctimas.
Asimismo, los expertos denunciaron que, en diversos casos, las propias autoridades han presionado a las familias desplazadas para que regresen a sus comunidades de origen sin que existan condiciones de seguridad reales para su retorno.