- En un contexto donde la violencia sexual contra niñas y adolescentes vuelve a ocupar la agenda pública, especialistas de Telefem hacen un llamado a fortalecer los modelos de atención integral, asegurando acompañamiento médico, emocional y psicológico antes, durante y después de una interrupción legal del embarazo.
Cada día, en México, alrededor de 21 niñas menores de 15 años se convierten en madres, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud. Detrás de muchos de estos embarazos existen historias de violencia sexual, abuso o uniones forzadas que requieren mucho más que atención médica: necesitan acompañamiento psicológico, contención emocional y un entorno que garantice la protección de sus derechos.
Durante 2024 se registraron 92,660 nacimientos en adolescentes de entre 15 y 17 años, además de casi 8,000 nacimientos en niñas de 10 a 14 años, una realidad que continúa representando uno de los principales desafíos de salud pública y protección de la infancia en México.
A nivel mundial, UNICEF estima que alrededor de 12 millones de niñas contraen matrimonio antes de cumplir los 18 años cada año, mientras que 650 millones de mujeres fueron obligadas a casarse siendo menores de edad. Además, una de cada veinte adolescentes entre 15 y 19 años ha sufrido violencia sexual.
Este panorama evidencia que el embarazo en niñas y adolescentes no puede analizarse únicamente desde una perspectiva médica. También implica consecuencias emocionales, sociales y psicológicas que requieren una atención integral.
En este contexto, la iniciativa presentada en el Estado de México para fortalecer la detección oportuna de posibles casos de violencia sexual en niñas menores de 15 años vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de garantizar una atención multidisciplinaria que permita identificar situaciones de riesgo y ofrecer servicios de salud oportunos.
“Ninguna niña debería enfrentar un embarazo producto de la violencia. Y cuando sucede, la atención no puede limitarse al procedimiento médico: también debe incluir acompañamiento emocional, protección y acceso oportuno a servicios de salud. Además del riesgo físico, estas situaciones generan profundas afectaciones emocionales, abandono escolar, dependencia económica y una vulneración de sus derechos, por lo que la atención debe ser integral y especializada”, explica Paula Rivera, de Telefem.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) advierte que las complicaciones durante el embarazo y el parto continúan siendo una de las principales causas de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años, mientras que en niñas menores de 15 años los riesgos son aún mayores debido a que su desarrollo físico y emocional todavía no ha concluido.
Además de las complicaciones obstétricas, las adolescentes pueden experimentar ansiedad, depresión, miedo, estrés postraumático, sentimientos de culpa o aislamiento social. Por ello, especialistas coinciden en que la atención no debe concluir con el procedimiento médico, sino extenderse al acompañamiento psicológico, el seguimiento clínico y la recuperación emocional.
Desde esta perspectiva, Telefem brinda un modelo de atención integral basado en evidencia científica que combina orientación médica, acompañamiento profesional y seguimiento continuo durante todo el proceso de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), siempre desde un enfoque centrado en la persona, con confidencialidad, respeto y apego al marco jurídico vigente.
Su modelo permite que las personas gestantes tengan acceso a profesionales de la salud que las acompañan antes, durante y después del procedimiento, favoreciendo una recuperación física y emocional más segura.
“La atención posterior a una ILE es tan importante como el procedimiento mismo. Resolver dudas, acompañar emocionalmente y ofrecer seguimiento médico ayuda a disminuir complicaciones, fortalecer el bienestar psicológico y favorecer una recuperación integral”, señala Rivera Núñez.
Para Telefem, fortalecer la detección oportuna de la violencia sexual y garantizar servicios de salud accesibles representa un paso fundamental para proteger a niñas, adolescentes y personas gestantes. Porque ninguna niña debería enfrentar sola una situación de violencia, y toda persona merece recibir información basada en evidencia, atención profesional y acompañamiento libre de estigma.