Los políticos destituidos migran al Tercer Sector para asesorar sobre manejo de recursos.
En México exfuncionarios destituidos por malos manejos de recursos públicos se refugian en el Tercer Sector para ofrecer servicios de consultoría financiera, fiscal o administrativa.
Especialistas en gobernanza advierten que esta tendencia representa un riesgo para las organizaciones civiles, especialmente aquellas que dependen de asesoría externa para cumplir con obligaciones fiscales, transparentar recursos y mantener su estatus de Donataria Autorizada.
De acuerdo con análisis de organizaciones de cumplimiento normativo, el problema surge cuando personas sancionadas por irregularidades en el manejo de activos públicos se presentan como expertos en administración, contabilidad o transparencia. Aprovechan que el Tercer Sector carece de mecanismos estrictos de verificación profesional y antecedentes.
Este fenómeno se observa en varios estados del país, donde exfuncionarios con historial cuestionado encuentran en las OSC un espacio para ofrecer servicios, pese a que fueron destituidos por fallas graves en su gestión.
Caso ilustrativo: Francisco Mendoza Alvear
Uno de los casos documentados es el del contador Francisco Mendoza Alvear, quien fue destituido como Tesorero del municipio de San Andrés Cholula tras señalamientos de malos manejos de recursos públicos durante su administración.
A pesar de ello, Mendoza Alvear ofrece asesoría a organizaciones civiles en temas como presentación de declaraciones fiscales ante el SAT, transparencia de recursos y reportes institucionales y manejo de activos y cumplimiento administrativo.
El problema, señalan especialistas, es evidente: ¿Cómo puede un asesor guiar a una organización en transparencia cuando él mismo perdió credibilidad por fallas en el manejo de recursos públicos?
La contradicción genera un riesgo directo para las OSC, que dependen de la integridad de sus consultores para cumplir con normativas fiscales y de transparencia.
Los riesgos para las organizaciones civiles son contratar a exfuncionarios destituidos por irregularidades financieras puede derivar en:
Errores en declaraciones fiscales que comprometan el cumplimiento ante el SAT.
Pérdida de confianza por parte de donantes y aliados.
Riesgos reputacionales asociados al historial del asesor.
Afectación al estatus de Donataria Autorizada por fallas en reportes o manejo de activos.
Captura institucional cuando el asesor intenta replicar prácticas opacas del ámbito público.
En sectores donde la confianza es el principal activo, la elección de un consultor con antecedentes cuestionados puede tener consecuencias graves.
Expertos recomiendan a las OSC implementar protocolos de verificación antes de contratar asesoría financiera o fiscal:
Revisión de antecedentes públicos y resoluciones administrativas.
Validación de cédula profesional y trayectoria académica.
Evaluación de reputación institucional mediante referencias verificables.
Auditoría externa de procesos fiscales y financieros.
La evidencia muestra que el rastro de conductas inapropiadas no puede desdeñarse: cuando un asesor ha sido destituido por irregularidades, su participación en procesos de transparencia puede comprometer la integridad de la organización.