El Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) cuestionó la decisión de un juez de control de vincular a proceso a Jaison Daniel Catari Rivas, el único migrante acusado de haber iniciado el fuego a través de la quema de colchonetas en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
El IFDP señaló que el juez en el caso no habría considerado que el migrante de origen venezolano es, junto con los 40 migrantes muertos y 27 heridos, ‘’una víctima de violaciones graves a derechos humanos’’.
La Defensoría Pública pidió no que no se ‘’criminalice’’ al migrante venezolano como autor material por iniciar la conflagración, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) informó a través de la titular de la Secretaría de Seguridad Rosa Icela Rodríguez Velázquez que no se encubriría a nadie en la tragedia.
El IFDP agregó que el juez de control se habría negado a realizar el debate correspondiente a la medida cautelar impuesta a los cinco presuntos responsables en el caso, los cuales que se encuentran en recluidos en los Centros de Readaptación Social Estatal dos y tres, en Chihuahua.
“Ello aun cuando existe una sentencia de condena al Estado mexicano, en la que la Corte Interamericana (de Derechos Humanos) determinó la inconstitucionalidad de la medida cautelar sin atender al estudio de cada caso en particular’’.
“Esta defensoría continuará trabajando para garantizar el derecho de defensa adecuada en favor de nuestro representado, hasta lograr que se reconozca su calidad de víctima de violaciones graves a derechos humanos y no se le criminalice por un delito del cual no tiene responsabilidad, ni se le juzgue sin perspectiva de derechos humanos, diferencial e interseccional”, enfatizó la Defensoría Pública.
Catari Rivas es representado legalmente por el IFDP y se encuentra en prisión preventiva junto a tres elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) y un guardia de seguridad privada, acusados por los delitos de homicidio y lesiones.
El juez consideró un mes para el cierre de la investigación complementaria para la FGR, la cual tiene como fecha límite el 4 de mayo, según el IFDP.
